Inspirado un poco en la obviedad de la carta que Cristina Fernández de Kirchner escribió a Javier Milei respecto a su plan económico, este texto también se inspira en eso que está y no queremos ver en nuestro país. Aunque en esta ocasión, no se trata de una crítica económica, ni siquiera directa al gobierno actual de Daniel Noboa – de lo cual hay mucho de lo que se puede hablar. Si no, más bien una crítica a nuestra formación política como nación, si acaso esto último de verdad existe.

El escenario político del país rumbo a elecciones febrero 2025 nos trae 16 CANDIDATOS PRESIDENCIALES. Para hacer una comparativa con la región, tenemos a Argentina que tuvo elecciones en 2023, donde luego de las primarias hubo cinco candidatos; México y sus elecciones en 2024 tuvo 3 candidatos – debido también a la coalición de derecha para enfrentar al oficialismo, aunque si tomamos en cuenta el proceso electoral 2018, tan solo existieron 5 candidatos para entonces –; el caso de Brasil es el único que puede parecerse un tanto al de nuestro país, ya que existieron 10 candidatos en 2022.[1]

¿Entonces por qué siendo un país “pequeño” a comparación territorial y poblacional respecto a estos tres, tenemos muchas más candidaturas presidenciales que ellos juntos? Podría terminar esto diciendo que el país, como tantas otras veces debe refundarse desde su administración política; como así también, cambiar el código de la democracia que ha debilitado la militancia en los partidos políticos, o basarme en la respuesta vacía a los problemas que no entendemos: “es nuestra cultura política”. Prefiero el camino de piedras que es entender nuestra conformación político-histórica.

Aunque el artículo 4 de nuestra Constitución recalque que somos una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, y que nuestro preámbulo también dicte: “NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador… RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos…” Estamos separados desde nuestros tantos nacimientos, y nuestras cartas de natalidad nos los recuerdan siempre: no somos una nación, sino una unidad que se consolida entre otras etnias, pueblo y culturas.

Por lo tanto, no debería parecernos raro que nuestra experiencia democrática sea un camino accidentado donde al parecer nadie puede sostenerse por más de un periodo presidencial, y otros incluso por más de seis meses; como tampoco deberíamos ver con ojos de sorpresa haber tenido ocho presidentes en diez años.

Esta fragilidad no solo se refleja en nuestra representación, sino en nuestra débil institucionalidad, que siempre parece estar al borde de un cambio, sea en la constitución, sea en algún cuerpo normativo o en nuestro código de democracia, como si fuéramos una casa que nunca se terminar de hacer, y cuando pareciera que está por terminar el arquitecto a cargo es despedido, y viene otro que, o bien no le gusta la casa, la derrumba y construye otra, o derrumba las paredes dejando la estructura.

¿Y qué tiene que ver todo esto con que no seamos nación? Si vamos a nuestra historia, será fácil reconocer que nuestra unión territorial es, y será siempre regional; que nuestra formación social está hecha en un debate histórico sobre quien ofrecía más para cooptar la fuerza laboral, y no de una unión de las élites económicas del país.

En ese sentido, el país se fundó en una dicotomía entre la Sierra y Costa como dos regiones que se oponían una a la otra – además en el olvido a la Amazonía.

Dentro de esta afirmación estoy dejando de lado elementos que por sí mismos pueden construir – y es más lo hacen – investigaciones y libros extensos que explican con verdadera rigurosidad académica nuestra tan separada nación. Pero esta base es bastante útil para entender que nuestras élites económicas se oponían una a la otra, y que, en ese proceso, esos distintos pueblos de los que habla la constitución nunca existieron más allá de ser mano de obra.

Es hora de entender entonces que no somos una unidad, que no somos nación más de allá de haber nacido en el mismo territorio, y que desde nuestro nacimiento como república, miles y distintos de motivos nos separan unos a otros. Con esto, que pareciera un manifiesto incendiario para una guerra civil, no busco exterminar al Ecuador y que unos estén por sobre otros, sino el comprender de manera crítica, que esa unión no se va a dar porque así lo diga la constitución, sino que hay que emprender un diseño constitucional que precisamente represente estas voces que son parte de nuestra historia.

Desde nuestro regreso a la democracia en 1979, Ecuador ha sido un país unicameral, es decir con un solo cuerpo legislativo, que hoy está conformado por 137 asambleístas que según el Art. 4 de la Ley del Órgano Legislativo está compuesto por 15 asambleístas nacional, y dos por cada provincia y uno más por cada 200 000 habitantes, y seis asambleístas en el exterior.

Este diseño implica que somos un territorio, o una nación, que para mí tiene resuelto aquello que tiene que ver con cada una de las etnias y pueblos que conforman el país, es decir, que a través de este diseño unicameral todas las voces están bien representadas por el voto ciudadano puesto en los escaños de la Asamblea Nacional.

Entonces ¿Por qué 16 candidatos presidenciales?

Y resulta todavía más difícil responder esta pregunta cuando ninguna de las candidaturas – a excepción de Leonidas Iza – responde a las necesidades de una etnia o comunidad en específico. Parece entonces que mi defensa a que no existe tal nación se cae. Ya que todos y cada uno hablan hoy de lo mismo: la crisis energética y la seguridad.

Y no hay que malinterpretar lo que busco decir acá. Estos y otros temas de coyuntura tienen que ser tratados y resueltos por quien el pueblo decida poner como presidente en 2025, pero el tema no es de lo que hablan, sino del fondo, aquel que permite que existan tantas voces frente a estos problemas.

Las múltiples candidaturas presidenciales son un reflejo de las múltiples necesidades que el Ecuador hoy tiene; pero así mismo, es el reflejo de la débil institucionalidad a la que le hemos otorgado la gran tarea de representar los miles y variados intereses de cada etnia y pueblo que conforma el Ecuador.

Por lo tanto, es momento de comenzar a replantearse que estos miles de intereses no van a encontrar un sitio en una asamblea que claramente no puede representar a todos, además de dejar de negar la historia con la nacimos como república, y hacerla parte de nuestra política como institución. Donde cada uno de los sectores del país tenga representación y se pueda construir desde el debate y las leyes, en lugar de buscar cooptar los espacios presidenciales para resolver sus negocios personales.

Es momento de pensar que un territorio con múltiples intereses, miles de pueblos y etnias, tenga una función legislativa bicameral, donde además las leyes tendrán un mejor tratamiento con dos instancias distintas de debate. Así, además se abrirán más espacios a esas minorías que han sido eventualmente invisibilizadas desde la concepción de este país como República.

Claro está que, dentro de las otras funciones del Estado, como lo es el Consejo Nacional Electoral, habrá que revisar las formas de constitución de un partido político, y de la repartición de escaños, además de los requisitos de las candidaturas. Y no, esto no tiene que ver con la preparación formal de un candidato, pero como ciudadano he ido entendiendo que quien no se formó en la política y se adhirió a un partido para ser político, es porque solo a través de ese medio puede resolver sus negocios personales.

La Ley Orgánica de Partición Ciudadana, o el Código de Democracia trata a los militantes políticos como un sujeto que es parte de un movimiento o partido, y no como aquellos que tienen la tarea de politizar una sociedad, que desde hace mucho tiempo tiene un rechazo a la política. Si esta misma Ley permite que una candidatura no tenga un peso en la propia militancia política de una persona, los cambios que hagamos en otras instituciones no tienen sentido, porque de nada sirve que quien llegue sea un privado – y con esto no me refiero a un empresario con motivos intereses propios, que también deben estar en los espacios públicos – que no tiene idea de lo que está representando.

Pero esta relación es directamente proporcional, sino cambio los espacios a nivel de legislatura, ampliando ese lugar donde estas voces tienen que ser representadas, lo seguirán haciendo desde la militancia actual: la militancia del que puede, del privado.

Así, tenemos hoy una legislatura que aparenta abrazar al pueblo y ser una, que en realidad es la representación de unos pocos, de esos mismos que formaron el país, que negaron el pasado, y que están tranquilos con un sistema unitario insuficiente que solo representa sus necesidades.

Por otro lado, quiero hacer una crítica en concreto a lo que se dispuso en 2020 para las elecciones 2021 respecto a los métodos de asignación de escaños, con el cambio del método D’Hont por el método Webster. Este último método aparentemente iría de la mano con lo que vengo tratando de decir al respecto de los espacios para las distintos pueblos y sus intereses, pero que solo han abierto espacios a privados que ni siquiera tienen – para mí – la cantidad de votos suficientes para ocupar un escaño en el debate público. Además de que estos han entrado como “independientes” y se han vendido a quienes pueden hacerlos permanecer un tramo más largo en la palestra pública.

Si seguimos negando nuestro pasado – como se hizo en el 2007 –, y jugando para nuestros propios beneficios, la representación de esas múltiples voces que tenemos quedará en palabras y algunos valientes que harán territorio y morirán en la causa, mientras siempre en el lugar donde se puede instituir el cambio seguiremos debatiendo de lo mismo que debatimos desde el regreso a la democracia. Y así, nunca jamás seremos nación, como nunca lo hemos sido.

[1] Seguramente deberé mencionar el caso de Uruguay, que tiene un proceso electoral abierto con 11 candidatos, siendo el más cercano a Ecuador, al ser  países unitarios en su conformación política-administrativa.