La violencia en Ecuador, aunque siempre ha sido una problemática latente, se ha intensificado y ha emergido como una de las mayores preocupaciones de la población. Su impacto ha traspasado barreras sociales, políticas y económicas, afectando a las ciudades y sus habitantes, a la gobernanza, a las instituciones, a los espacios públicos y, sobre todo, al desarrollo de la vida cotidiana. Esta situación nos invita a reflexionar sobre las dinámicas y condiciones del país bajo este contexto.

Si bien Ecuador es un país con particularidades geográficas y sociales, su estructura bicefálica, representada por Quito y Guayaquil—ciudades con características históricas y urbanísticas distintas—, evidencia que ambas enfrentan transformaciones derivadas de la manifestación de la violencia, un fenómeno de origen multicausal que hoy se posiciona como una de las principales preocupaciones de la población. Esta realidad demanda la implementación de mecanismos de análisis y reflexión desde el ámbito político, considerando que la violencia ha influido tanto en las decisiones individuales como en las colectivas.

¿Por qué hablar de un atentado contra la participación política y social? Porque la violencia se convierte en un factor limitante para habitar, compartir o liderar espacios, creando un entorno de miedo que aliena la vida en los espacios públicos. Esto da lugar a entornos alejados del espacio público, cerrados e individualizados lo cual facilita la aparición de bandas u organizaciones que se posicionan en la vida y lo público. A nivel regional, los actores políticos que adquirieron mayor relevancia fueron aquellos que enfocaron su atención en la violencia. Ignorar su impacto compromete tanto la estabilidad gubernamental como la social.

Por ejemplo, la violencia urbana genera desconfianza y desincentiva la participación política, poniendo en constante tensión a la democracia. El temor a la inseguridad condiciona la participación de diversos actores en el debate público, debilitando los espacios de deliberación y acción colectiva, fundamentales para una sociedad abierta y participativa.

La violencia, como problema, influye en los procesos, las relaciones y las instituciones políticas. En un contexto próximo de elecciones presidenciales y legislativas, los discursos políticos deben abordar la violencia de manera prioritaria y con compromiso, ya que su omisión puede alterar las dinámicas sociales y comprometer la gobernabilidad. Este fenómeno ha trascendido todo tipo de fronteras, y una parte fundamental de su solución radica en recuperar y resignificar los espacios de convivencia, haciendo del espacio público un lugar de encuentro. Responder a este desafío implica una revisión profunda de sus causas sociales y políticas, orientada hacia acciones integrales y sostenibles.

Frente a este panorama, es indispensable desarrollar estrategias claras y programas de acción para contrarrestar estos desafíos. Las políticas públicas deben responder a las realidades cotidianas de la población, considerando las especificidades de las ciudades y su relación con las dinámicas sociales y territoriales. Solo a través de una acción política e institucional sólida, que atienda las necesidades de los ciudadanos y los diferentes grupos sociales, será posible construir un entorno más seguro y democrático.